Case Law Search

The case concerns an adolescent who resided in Valencia, Spain, with his mother. The child’s stay in that country had been authorised by the Uruguayan courts in 2015, providing for visitation rights for the father.

In December 2019, the father travelled to Uruguay to spend the Christmas holidays with his father, having to return to Spain in January 2020. However, he did not go back on the date agreed, and thus the mother filed a return application before the Spanish Central Authority, which sent it to its  Uruguayan counterpart in December 2020.

Return ordered.

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The Court found that the grave risk exception raised by the father was not applicable to this case. He had alleged that the mother was psychologically violent to the child because she was constantly  speaking blady of his father and prevented them from being in touch. The Court found that the father had not proved the psychical risk invoked and that the argument regarding lack of communication had been quashed by the adolescent’s statements, since in his declaration he expressed that while living in Spain, the communication with his father was proper, as he called him during the weekends.

In addition, the father argued that the COVID-19 pandemic posed a sanitary risk for the adolescent. However, the Court found that this situation was not envisaged in the strict exceptions in the Convention and that Uruguay could not decide otherwise, and thus refusing the adolescent’s return on the basis of the sanitary argument would not protect him from exposure to this worldwide risk. 

All in all, the Court considered that throughout the proceedings no situation amounting to a grave risk making return intolerable and exposing the adolescent severely had been alleged or proved.

Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)

The adolescent participated in a hearing in which he expressed that if he could choose where to live, he would rather do so in Uruguay with his father and his paternal family. However, he also manifested that he wished to live with both of his parents and that nothing prevented him from returning to Spain. 

The Court found that the adolescent’s sayings could not be regarded as a sufficiently-strong objection to refuse return, especially considering that the exceptions provided in the HCCH 1980 Child Abduction Convention are of a restrictive nature. In this sense, it noted the case law from the Argentine Supreme Court ruling that the exception in Art. 13(2) of the Convention may only be triggered by a qualified will, not referred to custody or visitation, but to the reincorporation to the country of habitual residence and, in this particular area, it cannot be a mere preference or refusal, but a true opposition, understood as an unwavering repudiation to go back.

Author: Antonela V. Rojas (INCADAT LATAM team, Director Nieve Rubaja, Assistant Emilia Gortari).

El caso concierne a un adolescente que vivía en Valencia, España, con su madre. La radicación del niño en este país había sido autorizada por la justicia uruguaya en el año 2015, estableciéndose asimismo un régimen de visitas a favor del padre.

En diciembre de 2019 el adolescente viajó a Uruguay a fin de pasar la navidad con su padre, debiendo regresar a España en enero de 2020. Sin embargo, no regresó en la fecha acordada, por lo que la madre presentó una solicitud de restitución internacional ante la Autoridad Central de España, que la remitió a su par en Uruguay en diciembre de 2020.

Restitución ordenada.

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

El tribunal decidió que no era aplicable a este caso la excepción de grave riesgo opuesta por el padre. Éste había alegado que la madre ejercía violencia psicológica contra el adolescente porque   constantemente le hablaba mal de su padre y le impedía comunicarse con él. El tribunal  entendió que el padre no había probado el riesgo psíquico invocado y que el argumento relativo a la falta de comunicación había sido desvirtuado por los dichos del adolescente, puesto que en su declaración expresó que mientras vivía en España la comunicación con su padre era correcta, puesto que lo llamaba los fines de semana.

Por otro lado, el padre argumentó que la pandemia de COVID-19 implicaba un riesgo sanitario para el adolescente. Sin embargo, el tribunal estimó que ello no se encontraba previsto entre las excepciones taxativamente enumeradas por el Convenio y que además Uruguay no era ajeno a esta situación, por lo que rechazar la restitución del adolescente en base a esta cuestión sanitaria no lo salvaría de la exposición a este riesgo de carácter mundial. 

En definitiva, el tribunal consideró que no se había alegado ni probado durante el proceso ninguna situación imperante en el país de residencia habitual del adolescente que configurase un riesgo grave, entendido como aquél que efectivamente hace intolerable la restitución y expone al adolescente gravemente.

Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2)

El adolescente participó de una audiencia en la que  expresó que si pudiera elegir donde vivir prefería hacerlo en Uruguay con su padre y su familia. Sin embargo, también manifestó que deseaba vivir con sus dos padres y que nada le impedía volver a España. 

El tribunal entendió que los dichos del adolescente no podían considerarse una objeción con suficiente entidad para rechazar la restitución, más teniendo en cuenta que las excepciones que prevé el Convenio HCCH de 1980 son de interpretación restrictiva. En este sentido, se recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación argentina en virtud de la cual la posibilidad del art. 13(2) del Convenio sólo puede abrirse frente a una voluntad cualificada, que no ha de estar dirigida a la tenencia o las visitas, sino al reintegro al país de residencia habitual y dentro de esta área puntual, no ha de consistir en una mera preferencia o negativa, sino en una verdadera oposición, entendida como un repudio irreductible a regresar.

Autor: Antonela V. Rojas (Dirección de equipo de sumarios INCADAT LATAM Prof. Nieve Rubaja, Asistente Emilia Gortari Wirz)