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Aims of the Convention - Preamble, Arts 1 and 2

The purpose of the Convention is to guarantee the immediate return of wrongfully removed and retained children.

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The court understood that the opposition to the return and the mere allegation of the existence of an imminent physical or psychological danger or the possibility of exposing the girl to an intolerable situation were not enough. The extremes foreseen by Article 13(1)(b) of the Convention must be proven by the party that invokes them.

The Court further noted that experts, whether psychologists, welfare workers or professionals of the Custody Department of the Family State Council of Jalisco, had no legal standing to oppose the return of an abducted child. The opinions of such experts did not constitute proof, all the more so since in the present case they had made no reference to any physical or psychological danger or to any intolerable situation.

Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)

The Court noted that under Art. 582 of the Civil Code of the State of Jalisco only the views of children aged over fourteen would be considered. In the present case the girl was ten years old, and therefore not mature enough to express an opinion on matters of such importance.

Settlement of the Child - Art. 12(2)

The appellate court noted that the trial judge was not entitled to consider the issue of settlement and should have ordered the return of the child forthwith because the return proceedings had commenced before the expiry of the 12 month time limit provided for in Article 12.  It was irrelevant that the child had ultimately been living in Mexico for two years by the time the judgment was handed down.

Human Rights - Art. 20

Having considered existing Mexican case law, the Court noted that Article 20 which allows a judge to refuse a return when to do so would conflict with the basic principles of Mexican law regarding the protection of human rights and basic freedom rights, was not applicable.

This was because Mexican law, provides that the child should be with the mother since the latter had been awarded custody. Moreover, it was with the mother where conditions for growth, stability, love, education and other necessary elements were present for the proper development, maturity and evolution of the girl.

Procedural Matters

It was noted that were the father not to seek the immediate execution of the return order this would nevertheless be ordered and he would bear the cost of the girl's travel expenses, as well as any expenses associated with appointing a psychologist to accompany the child, were this deemed necessary.

First Instance Ruling. 14 November, 2007. Ninth Family Judge of the First Legal Party of Guadalajara, Jalisco. Judge: Agustín Flores Balderrama.

Hierarchy of Treaties
As stated in Article 133 of the Political Constitution of the United Mexican States and the jurisprudence of the Nation's Honorable Supreme Court of Justice, International Treaties (including the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction), have equal standing in the legislative hierarchy to the Constitution.

In accordance with Article 133 judges must adopt the necessary measures to guarantee the supremacy and validity of the agreements contained in such Conventions. This is the case notwithstanding the content of any law or Code, including the Law of Legal Protection, for such laws occupy an inferior position in the legislative hierarchy.

Political Constitution of the United Mexican States

Seventh Title General Provisions

Article 133. This Constitution, and the laws enacted by the Congress of the Union which shall be made in pursuance thereof, and all treaties held or which shall be held by the President of the Republic, with the Senate's consent shall be the supreme law of the Union. The judges of each state shall abide to said constitution, laws and treaties, notwithstanding the provisions to the contrary which may have the constitutions and laws of the states.

Finalidad del Convenio - Preámbulo, arts. 1 y 2

La finalidad del Convenio consiste en garantizar la restitución inmediata de los menores retenidos de manera ilícita.

Integración del niño - art. 12(2)
El tribunal de apelaciones entendió que el Juez de primera instancia no estaba habilitado para considerar el tema del arraigo de la niña y que debió haber ordenado la restitución inmediata de la niña, dado que el procedimiento de restitución comenzó antes del vencimiento del plazo de 12 meses previsto por el Artículo 12. El hecho de que la menor haya estado viviendo en México durante dos años desde que se inició el proceso de restitución es irrelevante.

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

El Tribunal entendió que no basta con la oposición al reintegro y la mera manifestación de la existencia de un peligro inminente físico o psíquico o la posibilidad de que la niña quede expuesta a una situación intolerable. Los extremos previstos por el Art. 13 inc. b del Convenio deben ser probados por quien los invoca.

Asimismo, estableció que los expertos, sean psicólogos, asistentes sociales o profesionales del Departamento de Custodia del Consejo Estatal de Familia de Jalisco, no tienen legitimación para oponerse al reintegro. Su opinión es solo eso, y no constituye una prueba, máxime cuando en el caso no hicieron referencia a ningún peligró físico o psíquico o a alguna situación intolerable.

Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2)

El Código Civil del Estado de Jalisco establece en su Art. 582 que se oirá el parecer del menor cuando este tenga más de catorce años de edad. En el presente caso, la niña tenía diez años y en consecuencia carecía de la madurez suficiente como para expresar su opinión en asuntos de esa envergadura.

Integración del niño - art. 12(2)

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Derechos humanos - art. 20

El Tribunal, con un criterio concordante al que surge de otras resoluciones adoptadas por Tribunales mexicanos, estableció que no resulta aplicable la excepción dispuesta por el Art. 20 que permite al juez rechazar restitución cuando así lo establezcan los principios fundamentales del derecho mexicano en materia de protección de derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Ello en virtud de que el propio derecho mexicano establece que la niña debe estar con de su madre pues a ella se le confió la custodia, y es precisamente junto a ella donde se dan las condiciones de desarrollo, estabilidad, amor, educación y demás elementos necesarios para el correcto desenvolvimiento, madurez y  evolución de la niña.

Cuestiones procesales

Se estableció que, si el padre de la niña no procedía a la ejecución inmediata de la sentencia, se procedería a la ejecución forzada de la misma, debiendo el padre hacerse cargo de los gastos de traslado de la niña, así como de los gastos y honorarios de un psicólogo que la acompañe, en caso de ser ello necesario.

Sentencia de Primera Instancia. 14 de noviembre de 2007. Juzgado Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial de Guadalajara, Jalisco. Juez: Lic. Agustín Flores Balderrama.

Jerarquía de los tratados
Tal como lo establecen el Art. 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tratados Internacionales (entre ellos el Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores), tienen igual jerarquía legislativa que la Constitución.

En términos del citado artículo constitucional, los jueces deben adoptar las medidas necesarias para asegurar la supremacía y vigencia de los pactos contenidos en este tipo de Convenios, a pesar de lo que haya dispuesto en contrario en cualquier ley o Código, incluyendo naturalmente a la Ley de Amparo, pues la jerarquía de ésta es la inmediata inferior a la constitución y a los convenios internacionales.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Titulo Séptimo Prevenciones Generales

Articulo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.