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The father is a Russian national and the mother a Japanese national. They married in 2006 and the child was born the same year. They lived in Moscow from 2007, until the child went to Japan in May 2016. The mother followed in August 2016 and retained the child (then aged nine) in Japan.

On 22 November 2016, the father petitioned the Tokyo Family Court for return of the child to Russia, pursuant to Article 26 of the Act for Implementation of the Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (the "Implementation Act"). At the hearing of the child, the child expressed her wish to stay in Japan. On 11 January 2017, the parents agreed via an in-court conciliation (“conciliation agreement”) that the child and the mother would return to Russia on 12 February 2017 (“return clause”), and child support and access would be ensured, among other matters. The conciliation agreement was made binding. The child, however, refused to return and sought refuge at a church on her way home from school two days before the agreed date of return.  

The father petitioned the Tokyo Family Court for indirect execution and execution by substitute for return of the child. He further sought a habeas corpus order at the Sapporo District Court on 21 February 2018. The parties settled the matter on 30 July 2018. The judicial settlement provided, inter alia, that the child would take the state exam in Russia, the father would have access to the child, the mother would reside with the child from April 2019 in Japan, and the father would refrain from enforcing the child’s return insofar as the child took the state exam.

The mother petitioned the Court for modification to the return clause of the conciliation agreement, under Art 117(1) Implementation Act, on the basis that there was a change in circumstances, including the child’s objection and the judicial settlement reached by the parties allowing the mother to care for the child in Japan. Later, the mother referred to a Russian divorce judgment of 7 February 2019 allegedly confirming her custody. The lower instance court dismissed the mother’s claim and the mother appealed to the Supreme Court.

The lower instance decision was quashed and the case was remanded to the Tokyo High Court. The binding conciliation agreement could be modified to ensure the welfare of the child, as it was an exceptional case due to the change in circumstances.

Issues Relating to Return

The lower court (the Tokyo High Court) had dismissed the mother’s petition for modification to the return clause in the conciliation agreement. The reasoning was that Art 117 (1) Implementation Act solely applies to modification of a return order, and that the return clause alone could not be modified without touching upon other clauses such as child support and access that were also present in the conciliation agreement. The Supreme Court, however, refused to uphold the lower instance decision, and held that the return clause could be modified on the following grounds.

First, Art 117(1) Implementation Act could not be directly applied to modify a return clause made in conciliation. However, the provision does allow modification of a final and binding return order when upholding it is no longer appropriate to ensure the child’s welfare due to a change in circumstances. This also applies to cases where the parents have reached an agreement in conciliation to return the child. Notably, a return clause made in conciliation, once entered into the court record, has the same effect as a final and binding return order under Art 145(3) Implementation Act.

Second, when parties agree in conciliation on the return of the child, as well as child support and access, modification of the return clause needs to be extended to modification of the other clauses. Since this can be done in modification proceedings under the Domestic Relations Case Procedure Act, it does not constitute an obstacle to modifying the return clause.

Thus, the Supreme Court concluded that the return clause reached in conciliation can, upon the party’s request, be modified pursuant to Art 117(1) Implementation Act mutatis mutandis. The Justices quashed the lower instance decision and remanded the case to the Tokyo High Court for further examination. 

Author: Prof. Yuko Nishitani

El padre es ruso y la madre japonesa. Se casaron en 2006, año en el que nació su hija. Residieron en Moscú desde 2007 hasta que la niña se trasladó a Japón en mayo de 2016. En agosto de 2016 la madre se trasladó también a Japón, donde retuvo a la niña, de entonces nueve años de edad.

El 22 de noviembre de 2016, el padre interpuso una solicitud de restitución de la niña a Rusia ante el Tribunal de Familia de Tokio, conforme al artículo 26 de la Ley de Implementación del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños de Japón (“Ley de Implementación”). En la audiencia, la niña expresó su deseo de permanecer en Japón. El 11 de enero de 2017, los padres acordaron mediante una conciliación judicial (“acuerdo de conciliación”) que la niña y la madre regresarían a Rusia el 12 de febrero de 2017 (“cláusula de restitución”), además de que los alimentos de la niña y el régimen de visitas estarían garantizados, entre otras cuestiones. El acuerdo de conciliación tenía carácter vinculante. Sin embargo, la niña se negó a regresar a Rusia y, dos días antes de la fecha acordada para la restitución, buscó refugio en una iglesia cuando volvía del colegio.

El padre solicitó ante el Tribunal de Familia de Tokio la ejecución indirecta y la ejecución por sustitución de la restitución de la niña. El 21 de febrero de 2018, presentó una acción de habeas corpus ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito de Sapporo. Las partes llegaron a un acuerdo el 30 de julio de 2018. El acuerdo judicial establecía, entre otras cuestiones, que la niña realizaría el examen estatal en Rusia, que el padre tendría derechos de visita, que la madre residiría con la niña a partir de abril de 2019 en Japón y que el padre se abstendría de ejecutar la restitución de la niña, en la medida en que esta realizara el examen estatal.   

La madre solicitó ante el tribunal, al amparo del artículo 117(1) de la Ley de Implementación, la modificación de la cláusula de restitución contenida en el acuerdo de conciliación debido al cambio de circunstancias, entre las que se incluyen la objeción de la niña y el acuerdo judicial celebrado por las partes, el cual permitía a la madre cuidar de la niña en Japón. Posteriormente, la madre hizo referencia a una sentencia de divorcio dictada en Rusia de fecha 7 de febrero de 2019, que presuntamente confirmaba su custodia de la niña. El tribunal inferior desestimó la solicitud. La madre recurrió ante la Corte Suprema. 

Se anuló la resolución del tribunal de primera instancia y se remitió la causa al Tribunal Superior de Tokio. El acuerdo de conciliación vinculante podía modificarse para garantizar el bienestar de la niña, ya que se trataba de un caso excepcional debido al cambio de las circunstancias.

Cuestiones relativas a la restitución

El tribunal inferior (Tribunal Superior de Tokio) había desestimado la solicitud de la madre para la modificación de la cláusula de restitución del acuerdo de conciliación. Los fundamentos consistieron en que el artículo 117(1) de la Ley de Implementación solo es aplicable a la modificación de una orden de restitución, y que la cláusula de restitución por sí sola no podía modificarse sin alterar otras cláusulas, tales como las de alimentos y régimen de visitas, que también se estipulaban en el acuerdo de conciliación. Sin embargo, la Corte Suprema se negó a confirmar la sentencia del tribunal inferior y declaró que la cláusula de restitución podía modificarse por los motivos expuestos a continuación.

En primer lugar, el artículo 117(1) de la Ley de Implementación no puede aplicarse para modificar una cláusula de restitución estipulada en el marco de una conciliación. Sin embargo, la disposición sí permite la modificación de una orden de restitución firme cuando su ejecución ya no garantiza el bienestar del niño debido a un cambio en las circunstancias. Esto también se aplica a casos en que los padres arriban a un acuerdo en el marco de una conciliación para restituir al niño. En particular, una cláusula de restitución acordada en el marco de una conciliación, una vez introducida en el expediente judicial, tiene el mismo efecto que una orden de restitución firme en virtud del artículo 145(3) de la Ley de Implementación.

En segundo lugar, cuando las partes acuerdan en el marco de una conciliación la restitución de un niño, así como también las obligaciones alimenticias y el régimen de visitas, la modificación de la cláusula de restitución debe extenderse a la modificación de las demás cláusulas. Dado que esto puede hacerse a través de un procedimiento de modificación en virtud de la Ley Procesal de Casos sobre Relaciones Domésticas, ello no supone un obstáculo para modificar la cláusula de restitución.

Por lo tanto, la Corte Suprema concluyó que la cláusula de restitución acordada en una conciliación puede, a petición de parte, modificarse de conformidad con el artículo 117(1) de la Ley de Implementación mutatis mutandis. Los jueces de la Corte Suprema revocaron la sentencia de la instancia inferior y remitieron la causa al Tribunal Superior de Tokio para que realice un nuevo análisis.