Case Law Search

Two girls, aged 10 and 12, were habitually resident in New York. Their parents, who had married in Bermuda in 2008, separated in 2011. The mother was a United States national and the father was a Bermudian national. In April 2013, the mother and the girls moved to New York, where the girls subsequently lived in her care. The father unlawfully retained the girls in Bermuda after the summer vacation of 2018.

The mother filed a request for return under the 1980 Hague Convention with the U.S. Central Authority.

At the first instance, the court ordered the return of the girls to New York, finding that the U.S. authorities could take sufficient protective measures and that the objections raised by the girls did not justify derogating from the general duty of return.

The father filed an appeal, arguing that the court had misinterpreted both the exception regarding grave risk (Art. 13(1)(b)) and the exception regarding the child’s objections (Art. 13(2)).

The Court of Appeal overturned the return order and ruled that the girls should remain in Bermuda with their father.

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The father opposed the return because the girls had clearly and firmly stated—both to their father and to social workers—that they did not want to live with their mother again. Among the concerns raised by the girls, the most serious was that one of them had been sexually abused by an acquaintance in whose care their mother had left them both.

This was corroborated by the mother in an affidavit she submitted as part of the return proceedings. She confirmed that the girls had indeed complained to her and that, as a result, she had reported the matter to the police; the man was arrested and remained in custody for two to three weeks until he was released on bail. According to the court, the evidence presented indicated that the matter was pending investigation by a grand jury in New York.

Furthermore, the father had raised other concerns regarding the girls’ environment in New York, noting that the girls had told social workers during the proceedings about their mother’s neglect and physical punishments inflicted on one of the girls.

First instance proceedings had taken the view that the girls’ statements stemmed from past incidents; however, the court of appeal considered that such an approach to the circumstances was too narrow. Whilst the legal proceedings in New York provided assurances that the immediate risk of contact with the alleged abuser had been eliminated, this did not address the legitimate and persistent concern regarding the emotional impact that the girls’ experiences would continue to have on them – an impact that was likely to be exacerbated by a return to the environment where the events took place.

Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)

In interviews with social workers and even in written letters, both girls explained why they did not want to return to live with their mother and wished to remain with their father in Bermuda. According to the Court, the letters expressed their concerns regarding the care they were receiving and the incidents of sexual and physical abuse they had recounted to their father and the professionals. The following paragraphs stand out among their statements: ‘I wish my mum would change to be better’, ‘I don’t want to go back to New York’, “That goes to show exactly why I want to stay with my daddy in Bermuda”.

The court considered that the girls’ wishes were an important factor to be taken into account and that the professionals’ report indicated that both girls possessed at least an average level of maturity for their age. Furthermore, according to the school counsellors in Bermuda who had worked with them, the older girl displayed an above average level of maturity and the younger girl, at least average (if not above average), for their respective ages.

Furthermore, the social workers had stated that no influence by the father on the girls had been detected and that their views were genuine.

The court considered that, at first instance, the objections and concerns expressed by the girls themselves—which were highly relevant to the question of their return—were not taken into account and given due weight.

Dos niñas de 10 y 12 años con residencia habitual en Nueva York, padres casados en Bermudas en 2008 y separados en 2011. Madre nacional de EEUU, padre nacional de Bermudas. En abril de 2013 la madre y las niñas se mudaron a vivir en Nueva York. Desde entones el padre había ejercido el derecho de visitas respecto de las niñas. El padre retuvo ilícitamente a las niñas en Bermudas luego de las vacaciones de verano del año 2018.

La madre promovió una solicitud de restitución conforme al Convenio de La Haya de 1980 ante la Autoridad Central estadounidense.

En primera instancia el tribunal ordenó el retorno de las niñas a Nueva York considerando que las autoridades estadounidenses podían adoptar medidas de protección suficientes y que las objeciones expresadas por las niñas no justificaban apartarse del deber general de restitución.

El padre interpuso recurso de apelación alegando que el tribunal había interpretado erróneamente tanto la excepción de grave riesgo (art. 13(1)(b)) como la excepción relativa a las objeciones del niño (art. 13(2)).

La Corte de Apelación revocó la orden de restitución y dispuso que las niñas permanecieran en Bermudas con su padre.

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

El padre se opuso a la restitución porque las niñas habían expresado clara y firmemente que no querían volver a vivir con su madre tanto ante su padre como ante los trabajadores sociales. Entre las preocupaciones planteadas por las niñas, la más grave era que una de ellas había sufrido abusos sexuales por parte de un conocido, a cuyo cuidado su madre las había dejado a ambas.

Este relato fue corroborado por la madre en una declaración jurada que presentó en el marco del proceso de restitución. Ella confirmó que, en efecto, las niñas se habían quejado ante ella y que, en consecuencia, había denunciado el asunto a la policía y el hombre fue detenido y permaneció encarcelado entre dos y tres semanas hasta que se le concedió la libertad bajo fianza. Según el tribunal, de las pruebas aportadas surgía que el asunto estaba pendiente de una investigación por parte de un Gran Jurado en Nueva York.

Además, el padre había alegado otras inquietudes en cuanto al entorno de las niñas en Nueva York y que las niñas habían comunicado a los trabajadores sociales durante el proceso respecto a la falta de atención por parte de su madre y a castigos físicos impuestos a una de las niñas.

En primera instancia se consideró que las manifestaciones de las niñas provenían de incidentes pasados; sin embargo, el tribunal de apelación consideró que tal enfoque de las circunstancias fue demasiado limitado. Si bien el procedimiento legal en Nueva York ofrecía garantías de que se ha eliminado el riesgo inmediato de contacto con aquél, ello no abordaba la legítima y persistente preocupación por el impacto emocional que las experiencias vividas seguirán teniendo en las niñas, impacto que cabía esperar que se agravara al regresar al entorno donde ocurrieron los hechos.

Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2)

En las entrevistas ante los asistentes sociales e incluso en cartas escritas ambas niñas explicaron por qué no querían regresar a vivir con su madre y deseaban permanecer con su padre en Bermudas. Según el Tribunal las cartas expresaban sus preocupaciones respecto a los cuidados que recibían y a los incidentes de abuso sexual y físico que habían relatado a su padre y a los profesionales. Entre sus dichos se destacan los siguientes párrafos: «Ojalá mi mamá cambiara para mejor», «No quiero volver a Nueva York», «Eso demuestra exactamente por qué quiero quedarme con mi papá en Bermudas».

El tribunal entendió que los deseos de las niñas eran un factor importante a considerar y que el informe de los profesionales indicaba que ambas niñas poseían un nivel de madurez al menos promedio para su edad. Asimismo, según los consejeros escolares de Bermudas que las habían atendido, la mayor de la niñas presentaba un nivel de madurez superior al promedio y la menor, al menos promedio (si no superior), para sus respectivas edades.

Además, los trabajadores sociales habían afirmado que no se detectaba una influencia ejercida por el padre respecto de las niñas y que su opinión era genuina.

El tribunal estima que en primera instancia se omitió tener en cuenta y otorgar el debido peso a las objeciones y preocupaciones expresadas por las propias niñas, las cuales resultaban muy relevantes para la cuestión de su retorno.