HC/E/RO 1435
Roumanie
Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)
Italie
Roumanie
21 May 2019
Définitif
Risque grave - art. 13(1)(b)
CrEDH - Violation de l'Article 8 CEDH, octroi de dommages et intérêts
Article 8, European Convention on Human Rights
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The mother, a Romanian national, and father, an Italian national, were married and lived together in Italy. They had two children born in 2008 and 2010.
On 12 June 2015 the family went to Romania for their summer holiday. The father returned to Italy a few days later, expecting to collect the mother and children at the end of the summer. On 25 June 2015 the mother informed the father that she would not be returning to Italy with the children. The mother claimed that the father was violent and had mistreated her and the children.
On 14 September 2015 the father lodged a criminal complaint against the mother in Italy for child abduction to a foreign country and on 29 September 2015 to the Bucharest County Court in Romania for the return of the children to Italy.
On 18 January 2016 the Bucharest County Court ordered the return of the children to Italy, concluding that there was nothing to oppose the children’s return and that the mother had influenced them against the father.
The mother appealed and on 30 March 2017 The Bucharest Court of Appeal upheld the order to return the children.
The children refused to go back to Italy and in May 2018 the results of counselling stated that the children refused contact with their father despite the mother’s efforts to encourage the relationship.
The court found that there had been a violation of the Article 8 Right to Respect for Private and Family Life and awarded damages to the mother and the children.
A child’s return cannot be ordered automatically or mechanically when the Hague Convention is applicable and the domestic courts should have given more consideration to the potential risk of ill-treatment for the children if they were returned to Italy. The courts should have at least ensured that specific arrangements were made in order to safeguard the children.
La madre, rumana, y el padre, italiano, estaban casados y vivían juntos en Italia. Tenían dos hijos, nacidos en 2008 y 2010.
El 12 de junio de 2015, la familia viajó a Rumanía para sus vacaciones de verano. El padre regresó a Italia unos días después y esperaba reencontrarse con la madre y los niños al final del verano. El 25 de junio de 2015, la madre informó al padre que no iba a regresar a Italia con los niños. La madre aseguró que el padre era violento y la había maltratado a ella y a sus hijos.
El 14 de septiembre de 2015, el padre presentó una denuncia penal en contra de la madre en Italia por sustracción de menores a un país extranjero y el 29 de septiembre de 2015 compareció ante el tribunal de Bucarest en Rumanía para la restitución de los niños a Italia.
El 18 de enero de 2016, el tribunal de Bucarest ordenó la restitución de los niños a Italia, fundamentada en que no había nada que impidiese el retorno de los niños y que la madre los había influenciado en contra del padre.
La madre apeló y el 30 de marzo de 2017, el tribunal de apelación de Bucarest confirmó la orden de restitución de los niños.
Los niños se negaron a volver a Italia y en mayo de 2018, los resultados de la terapia establecieron que los niños rechazaban el contacto con su padre a pesar de los esfuerzos de la madre por fomentar esa relación.
El tribunal decidió que había habido una violación del artículo 8 sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar y concedió daños y perjuicios a la madre y a los niños.
La restitución del niño no puede ordenarse automática o mecánicamente cuando el Convenio de La Haya es aplicable. Además, los tribunales nacionales debían haber tenido una mayor consideración a los riesgos potenciales del maltrato de los niños en caso de haber sido restituidos a Italia. Los tribunales deberían haber garantizado, mínimamente, que se adoptaran medidas específicas para preservar la seguridad de los niños.