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The mother and father married in 2014. They separated before the birth of their child in 2015.

The child lived with the mother and he father did not have formal visitation rights until 2016. Shortly after, the mother requested to take the child on holiday to the United States. The father did not consent and the Venezuelan court did not grant permission due to dangerous travel conditions and the risk that the other could not return.

In 2017 the parents divorced and were granted joint parental responsibility.

In March 2021 the mother told the father’s family she was taking the child on vacation in Venezuela. Instead she took the child first to Colombia and then to the United States. The mother claimed they were on holiday but repeatedly failed to return to Venezuela.

The Venezuelan Court ordered the return of the child. The father made an application for return under the 1980 Hague Convention. The mother argued that returning the child would amount to a grave risk of harm under Article 13(1)(b).

The Court refused to order the return of the child. The child was found to be settled in the United States within the meaning of Article 12(2). Though he and his mother did not have permanent legal status in the US, they did have a legal status and a pending asylum application.

Settlement of the Child - Art. 12(2)

The father did not file a Verified Petition until almost 20 months after he was informed about the wrongful removal of the child. The child had now lived at the same address and attended the same school since he arived in the US. He had learned English quickly and made friends.

Though he and his mother did not have permanent legal status in the US, they did have a legal status and a pending asylum application. Therefore, any possible removal from the US was likely years away and may never happen.

The Court expressed no judgment as to the ultimate merits of the mother’s asylum claim, but the Court stated that her application was detailed and non-frivolous.

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The mother’s main argument was that the economic and humanitarian upheaval in Venezuela, together with the risk of her political persecution, posed a grave risk of harm to the child. The Court did not find that the conditions in Venezuela raised sufficient humanitarian concerns to amount to a grave risk of harm within the meaning of Article 13(1)(b) and stated that the mother had not showed any evidence that she had suffered political persecution.

Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)

The child was seven years old and the mother did not point to any evidence demonstrating his maturity or reasons for wanting to stay in the United States. Therefore the Court found that there was insufficient evidence to invoke the child’s objections exception under Article 13(2) of the Convention.

La madre y el padre se casaron en 2014. Se separaron antes del nacimiento del niño en 2015.

El niño vivía con la madre y el padre no tuvo derechos formales de visita hasta 2016. Poco después, la madre solicitó llevar a su hijo de vacaciones a Estados Unidos. El padre no prestó consentimiento y el tribunal venezolano denegó la solicitud señalando los riesgos del viaje y de que podrían no regresar.

En 2017, los padres se divorciaron y se les otorgó responsabilidad parental compartida.

En marzo de 2021, la madre avisó a la familia del padre que se iría de vacaciones con el niño dentro de Venezuela. En su lugar, lo llevó primero a Colombia y luego a Estados Unidos. La madre sostuvo que estaban de vacaciones pero en ningún momento regresaron a Venezuela.

El tribunal venezolano ordenó la restitución del niño. El padre solicitó la restitución al amparo del Convenio de La Haya de 1980. La madre argumentó que la restitución del niño configuraría un grave riesgo conforme al artículo 13(1)(b).

El tribunal denegó la orden de restitución del niño. Entendió que el niño se había integrado en Estados Unidos en los términos del artículo 12(2). A pesar de que la madre y el niño no tenían una residencia permanente en Estados Unidos, tenían un estatus legal y una solicitud de asilo pendiente.

Integración del niño - art. 12(2)

El padre no presentó una Petición Verificada hasta casi 20 meses después de tomar conocimiento del traslado ilícito del niño. Desde su llegada a Estados Unidos, el niño había vivido en la misma dirección y asistido a la misma escuela. Aprendió inglés rápidamente e hizo amigos.

Aunque él y su madre no tenían residencia permanente en Estados Unidos, tenían un estatus legal y una solicitud de asilo pendiente, por lo que la deportación de Estados Unidos, que podría no tener lugar nunca, sucedería en muchos años. 

El tribunal no se pronunció sobre el fondo de la solicitud de asilo de la madre, pero sí sostuvo que la solicitud era detallada y no era temeraria.

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

El argumento principal de la madre yacía en que la crisis económica y humanitaria y el riesgo de persecución política en Venezuela exponían al niño a un grave riesgo de daño. El tribunal desestimó este argumento ya que no consideraba que las condiciones en Venezuela plantearan inquietudes humanitarias suficientes para configurar un grave riesgo de daño en los términos del artículo 13(1)(b) y sostuvo que la madre no había aportado pruebas de haber sufrido persecución política.

Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2)

El niño tenía siete años y la madre no hizo alusión a ninguna prueba que demostrase su madurez o motivos para querer quedarse en Estados Unidos. Por lo tanto, el tribunal determinó que la evidencia eran insuficiente para invocar las objeciones del niño en los términos del artículo 13(2) del Convenio.