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The child, L, was born in Ukraine on 29 July 2004. The applicant mother was a Ukrainian national and the respondent father a dual Georgian-Ukrainian national.

In mid-2005 the father left Ukraine for Russia. The child, L, continued to live with his mother in Ukraine and attended a pre-school educational institution in Kharkiv. The father visited them twice in 2005 and 2006.

In September 2006 the couple had a daughter, T. On 22 July 2010, T, died in a tragic accident, falling from the window of an apartment. The child, L, witnessed the accident and was subsequently diagnosed with an adjustment disaorder.

On 30 July 2010 the applicant mother allowed the father to take their son to Georgia for the summer holidays. The mother signed a document authorising the father to travel the child to Georgia and Russia between 30 July 2010 and 28 February 2011. According to the mother, the child was expected to return to Kharkiv by the end of August in order to start primary school in September, at which he had been pre-enrolled.

On 13 August 2010, the applicant learned when talking on the telephone with her son that the latter would not be returning to Ukraine and would be staying in Georgia. The child was living with his uncle and grandfather while the father was living in Russia and only occasionally visiting his son in Georgia.

The mother made an application under the Hague Convention for the return of the child to Ukraine.

In May 2011, the Tbilisi City Court refused to order the return of the child, concluding that the return would expose him to a psychological risk on account of the separation it would entail from his father and the trauma he had suffered in the country as a result of the death of his sister. The mother’s argument that her son was suffering from an adjustment disorder and from a lack of contact with his parents was dismissed.

In March 2011, in parallel proceedings in Ukraine, a district court ordered that the child should be returned to Ukraine.

In August 2012, the Supreme Court of Georgia upheld the first instance refusal to return – also relying on the social workers’ and psychologist’s reports – concluded that L.’s interests would be better protected if he remained in Georgia on account of the risk of psychological harm if he were returned to Ukraine, which he had left primarily on account of the trauma he had suffered followed the death of his sister.

The mother brought the case before the ECtHR relying on Article 8.

The Court held that the decision-making process before the Georgian courts had amounted to a breach of the mother’s right to respect for her family life, in violation of Article 8.

European Convention on Human Rights (ECHR)

ARTICLE 8

The Court held that there had been no evidence amounting to the existence of a ‘grave risk’ if he were returned to Ukraine to support the refusal to return under Article 13(1)(b).

The reports from the psychologist and social workers stated that the boy had experienced psychological trauma. The Georgian courts had relied on these to show a risk if the child returned to Ukraine but omitted to consider the risks the boy faced if retained in Georgia.

Furthermore, there was no allegation that the mother posed a threat to the boy and the father lived in Russia, meaning the child was primarily being looked after by his paternal family who had no custody rights.

 “The Court is of the opinion that such a situation - keeping the child, who had spent the first six years of his life in Ukraine with his mother, in Georgia in the absence of both his parents - per se raises questions as to its compatibility with the principle of the best interests of a child …. Indeed, the mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of family life and is protected under Article 8 of the Convention”

El niño, L, nació en Ucrania el 29 de julio de 2004. La madre solicitante es de nacionalidad ucraniana, en tanto que el padre demandado tiene doble nacionalidad, georgiana y ucraniana. 

A mediados de 2005, el padre dejó Ucrania para ir a Rusia. El niño, L, continuó viviendo con su madre en Ucrania y asistía a una institución educativa preescolar en Kharkiv. El padre los visitó a ambos dos veces, en 2005 y 2006. 

En septiembre de 2006, la pareja tuvo una hija, T. El 22 de julio de 2010, T. falleció en un accidente trágico al caer de la ventana de un apartamento. El niño, L, presenció el accidente y, posteriormente, fue diagnosticado con trastorno de adaptación.

El 30 de julio de 2010, la madre solicitante autorizó al padre a llevar a su hijo a Georgia en las vacaciones de verano. La madre firmó un documento que autorizaba al padre a viajar con el niño a Georgia y Rusia entre el 30 de julio de 2010 y el 28 de febrero de 2011. De acuerdo con la madre, se esperaba que el niño regresara a Kharkiv a fines de agosto para que pudiera empezar la escuela primaria en septiembre, donde ya había sido preinscripto. 

El 13 de agosto de 2010, la solicitante, al hablar por teléfono con su hijo, supo que este no regresaría a Ucrania y se quedaría en Georgia. El niño estaba viviendo con su tío y su abuelo, mientras el padre vivía en Rusia y solo en ocasiones visitaba a su hijo en Georgia. 

La madre presentó una solicitud para la restitución de su hijo a Ucrania conforme al Convenio de La Haya. 

En mayo de 2011, el Tribunal Municipal de Tbilisi rechazó la orden de restitución del niño al determinar que esta podría exponer al niño a un riesgo psicológico a raíz de la separación de su padre y del trauma que el niño había sufrido en el país como consecuencia del fallecimiento de su hermana. La declaración de la madre de que su hijo estaba sufriendo de un trastorno de adaptación y que no tenía contacto con sus padres fue rechazada. 

En marzo de 2011, en procedimientos paralelos en Ucrania, un tribunal de primera instancia ordenó que el niño debía ser restituido a Ucrania.

En agosto de 2012, la Corte Suprema de Georgia confirmó la denegación en primera instancia de la restitución y se basó, además, en los informes de los trabajadores sociales y de los psicólogos, los cuales concluyeron que los intereses de L. serían protegidos de una mejor manera si el niño se quedase en Georgia debido al riesgo de daño psicológico al que estaría expuesto en caso que fuera restituido a Ucrania, lugar que dejó principalmente a raíz del trauma que había sufrido después del fallecimiento de su hermana. 

La madre llevó el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recurrió al artículo 8.

El Tribunal alegó que el proceso de toma de decisiones ante los tribunales de Georgia había constituido un incumplimiento de los derechos de la  madre al respeto de su vida familiar, en violación del artículo 8.

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)

ARTÍCULO 8

El Tribunal alegó que no hubo pruebas de la existencia de “grave riesgo” si el niño fuera restituido a Ucrania para avalar la denegatoria de la restitución en virtud del artículo 13 (1) (b).

Los informes del psicólogo y de los trabajadores sociales indicaron que el niño había sufrido de trauma psicológico. Los tribunales de Georgia se basaron en dichos informes para demostrar que existía un riesgo si el niño era restituido a Ucrania, pero omitieron considerar los riesgos que el niño podía enfrentar si quedaba retenido en Georgia.

Además, no se alegó en ningún momento que la madre representara una amenaza para el niño, y el padre vivía en Rusia, lo que significa que el niño estaba siendo cuidado principalmente por su familia paterna, que no tenía derechos de custodia.

“El Tribunal opina que la situación (mantener al niño en Georgia y sin sus dos padres, habiendo pasado este los primeros seis años de su vida en Ucrania con su madre ) plantea dudas per se en cuanto a su compatibilidad con el principio del interés superior del niño. De hecho, el disfrute de padres e hijos de la compañía del otro constituye un elemento fundamental de la vida familiar y está amparado por el artículo 8 de la Convención”.