HC/E/1284
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
30 July 2013
Definitiva
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)
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The mother asserted that the Swiss authorities' refusal to issue her with a residence permit for over six years had hindered her right to respect for family life. The ECrtHR found that the application was admissible: the mother had, in the special circumstances of the case, submitted her claim based on breach of Article 8 ECHR to the domestic courts, the latest final domestic ruling being the judgment of the Federal Administrative Tribunal dated 15 December 2009.
As the application had been made in June 2010, the six-months rule had also been observed. The Court added that issuance of the residence permit was not sufficient reparation for the "possible consequences of the [mother] being deprived of actual and secure relations with her child for over six years", and accordingly denied Switzerland's motion for dismissal of the application on the basis of resolution of the dispute. On the merits, the mother claimed that the Swiss authorities had failed to take all the measures that could reasonably be required of them to enable her actually to exercise family relations with the child.
The Court repeated its unchanging case-law concerning the existence of affirmative obligations of the States "inherent in actual respect for private or family life" and implying "the establishment of an appropriate and sufficient legal arsenal to secure the legitimate rights of the parties involved", which are to "enable the State to adopt suitable measures to reunite a parent with his or her child including in the event of a conflict between the parents", together with "all preparatory measures to achieve that goal", which measures are to be "established promptly".
The Court explained that its task was not to substitute for the competent agencies, but to appraise from the angle of the ECHR the decisions made by the domestic authorities in exercising their discretion. In the case in point, the Court found that there was no doubt that there existed family life between the mother and child. Its task was accordingly to ascertain that the Swiss authorities' response to the need to take suitable action to maintain the connections between the mother and child during the proceedings concerning parental rights had been consistent with the affirmative obligations arising out of Article 8 ECHR.
The Court noted that throughout the proceedings, the mother had taken steps from the Philippines despite meagre financial resources, and whereas the parents were in dispute regarding custody. It was accordingly incumbent upon the Swiss judicial authorities to rule on an emergency basis. Admittedly, in view of the dispute between parents, the authorities had to take precautions and perform inspections. However, the ECrtHR set great store by the fact that the mother had been unable to maintain any contact except by telephone with the child for several years.
The father lived de facto with the child starting in 2004 despite the fact that the mother had parental authority and custody of the child. All the mother's attempts to repatriate the child to the Philippines having failed and her applications for a residence permit being denied, the mother was unable to enforce her rights to maintenance of family life until January 2010. After that date, the mother was still deprived of actual and secure family relations with the child; being awarded a right of access that could only be exercised in Switzerland, she had been able to exercise it actually only at the cost of a clandestine and illegal stay in Switzerland, a precarious situation that prevailed until October 2012 even though the authorities were aware of the inextricable situation in which she was.
The Court admitted that the situation had now been remedied, at least for the duration of the validity of the residence permit (granted after communication of the application to the ECrtHR). However, this situation did not remove the finding that the mother had been deprived of actual exercise of her family life with her child for over six years, and that their personal relations had been substantially damaged, at a crucial time. The Court found unanimously that Article 8 ECHR had been breached.
Author of the summary: Aude Fiorini
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La madre adujo que la negativa de las autoridades suizas a otorgarle un permiso de residencia durante más de seis años había constituido una obstaculización de su derecho al respeto de su vida familiar. El TEDH declaró que la demanda era admisible: en las circunstancias particulares del caso, la madre había presentado su demanda ante los tribunales nacionales invocando una violación del artículo 8 del CEDH, y la última sentencia nacional definitiva al respecto había sido la del Tribunal Administrativo Federal de fecha 15 de diciembre de 2009. Como la demanda había sido presentada en junio de 2010, también se había respetado el plazo de seis meses.
El Tribunal añadió que el otorgamiento de un permiso de residencia no constituía reparación suficiente para las consecuencias que hubieren podido resultar del hecho de que la madre había estado privada de relaciones efectivas y seguras con su hijo durante seis años. En base a ello, rechazó la solicitud de desestimación de la demanda de Suiza fundada en el fin del litigio. En cuanto al fondo, la madre hizo valer el hecho de que las autoridades suizas no habían adoptado todas las medidas que razonablemente se les podían exigir para permitirle el ejercicio efectivo de relaciones familiares con su hijo.
El Tribunal recordó su jurisprudencia constante sobre la existencia de obligaciones positivas para los Estados, inherentes al respeto efectivo de la vida privada o familiar, que implican el establecimiento de un arsenal jurídico adecuado y suficiente para garantizar los derechos legítimos de las partes interesadas. Estas obligaciones deben permitir al Estado adoptar medidas idóneas para reunir a un padre con su hijo -por ejemplo, en caso de que haya un conflicto entre los padres- así como también todas las medidas preparatorias para lograr la consecución de ese objetivo, las cuales deben implementarse rápidamente.
El Tribunal explicó que su tarea no era sustituir a los órganos competentes, sino evaluar desde la perspectiva del TEDH las sentencias dictadas por las autoridades nacionales en ejercicio de sus facultades discrecionales. En el presente caso, el Tribunal constató que no existían dudas acerca de la existencia de una vida familiar entre la madre y el niño. Su tarea consistió entonces en determinar si la respuesta de las autoridades suizas a la necesidad de adoptar medidas adecuadas para mantener el contacto entre madre e hijo durante el proceso sobre derechos parentales había sido conforme a las obligaciones positivas que se desprenden del artículo 8 del CEDH.
El Tribunal observó que durante el procedimiento la madre había realizado gestiones desde Filipinas a pesar de contar con recursos económicos escasos, mientras que los padres se disputaban la guarda del niño. Por esta razón, correspondía que las autoridades judiciales suizas se pronunciaran de urgencia. Ciertamente, en vista del conflicto entre los padres, las autoridades debieron tomar precauciones y realizar inspecciones. No obstante, el TEDH adjudicó gran importancia al hecho de que la madre no había podido tener contacto con su hijo, excepto por teléfono, durante varios años.
El padre vivió de facto con el niño desde 2004, por más de que la madre tenía la autoridad parental y la guarda del niño. Como todos los intentos de la madre de repatriar a su hijo a Filipinas fracasaron y sus solicitudes para obtener un permiso de residencia fueron rechazadas, no pudo ejercer el derecho a su vida familiar hasta enero de 2010. Luego de esa fecha, continuó estando privada de relaciones familiares efectivas y seguras con su hijo. Como le fue otorgado un derecho de visita que únicamente podía ser ejercido en Suiza, solo había podido ejercerlo de forma efectiva al quedarse ilegalmente: esta situación precaria se prolongó hasta octubre de 2012, aun cuando las autoridades estaban al tanto de la situación inextricable en la que se encontraba.
El Tribunal admitió que desde ese momento la situación había sido remediada, al menos durante la validez del permiso de residencia (otorgado luego de la comunicación de la presentación de la demanda ante el TEDH). Sin embargo, esta situación no alteró la constatación de que la madre había estado privada del ejercicio efectivo de su derecho a la vida familiar con su hijo durante más de seis años, y que sus relaciones personales habían sufrido graves perjuicios en un período crucial. El Tribunal constató por unanimidad la vulneración del artículo 8 del CEDH.
Autor del resumen: Aude Fiorini