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The mother and father were married and had two children, aged 4 and 7. The father was a US national and the mother a UK, US and Irish national. In June of 2022, the mother and the children travelled from the US, their place of residence, to Scotland, with the consent of the father. The mother did not return to the US as planned, which both parties agree was wrongful retention under Article 3 of the Hague Convention.

In August and September 2022, the father raised proceedings for dissolution of marriage and an emergency order for return in the Circuit Court of the Nineteenth Judicial Circuit in Illinois, and the court issued an order for their immediate return. When the mother refused to return with the children the father enrolled a motion seeking a finding that the mother was in contempt of court.

In October 2022 the father made an application for return under the 1980 Hague Convention. The mother presented evidence of serious physical and emotional abuse spanning two years. The Lord Ordinary then reserved judgment and continued the second hearing to acquire more evidence from both parties on consent and necessity of protective measures.

In February 2023 the Lord Ordinary ordered the return of the children subject to confirmation that the father had withdrawn the contempt application against the mother. Though there was evidence of messages from the father which could be considered harassment of the mother, the Lord Ordinary did not find that this amounted to a grave risk of harm to the children and this was a matter for the Illinois court to consider when determining the best interests of the children. The Lord Ordinary accepted that there was a clear need for protective measures and concluded that there were sufficient legal remedies available in the Illinois courts.

The Court of Session allowed the appeal and made an order refusing the return of the children. The Court ruled that returning the children would amount to a grave risk of harm under Article 13(1)(b), and as the father was unlikely to comply with any protective measures imposed by the Illinois courts, the grave risk of physical, psychological, and financial harm to the children could not be mitigated.

Issues Relating to Return

The Court of Session found that the Lord Ordinary erred in analysing only the measures available and failed to consider whether these measures would be effective, as the father did not appear to appreciate the impact of his behaviour, nor had he indicated any willingness to adjust his actions in response to the initiation of court proceedings. The presence of legal remedies in Illinois was not disputed; rather, the issue was whether the mother was able to access legal representation there, and whether the father would comply. On the former, the Court of Session disagreed with the Lord Ordinary, as the court found that the mother would face potentially devastating consequences from not having legal representation; on the latter, the Court of Session found that there was substantial risk of noncompliance.

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The Court of Session used a staged approach to determine if there would be a grave risk. The court first asked if, were the disputed allegations true, there would be a grave risk that the child would be exposed to physical or psychological harm or otherwise placed in an intolerable situation. If it concludes that there would be such a grave risk, the court must then ask how the child can be protected against the risk.

In this case, the risks identified in the allegations of physical injury and sexual assault were corroborated by a large volume of text messages. In order to return the children, it would be necessary to determine that considering the grave risk, there are sufficient measures to protect the children; however, the father’s demonstrated unwillingness to comply with any such orders indicates that return could not be done in a manner to protect the children from grave risk.

Author: Ellie Webb

La madre y el padre estaban casados y tenían dos hijos de 4 y 7 años. El padre era estadounidense y la madre tenía nacionalidad británica, estadounidense e irlandesa. En junio de 2022, la madre y los hijos viajaron de Estados Unidos, su lugar de residencia, a Escocia, con el consentimiento del padre. La madre no regresó a EE. UU. como estaba previsto, lo que ambas partes concuerdan constituyó una retención ilícita al amparo del artículo 3 del Convenio de La Haya.

En agosto y septiembre de 2022, el padre presentó una demanda de disolución del matrimonio y solicitó una orden de restitución de emergencia ante el Tribunal de Circuito del Decimonoveno Circuito Judicial de Illinois y el tribunal emitió una orden para la restitución inmediata de los niños. Cuando la madre se negó a regresar con ellos, el padre presentó una moción solicitando que se declarara que la madre había incurrido en el delito de desobediencia judicial.

En octubre de 2022, el padre presentó una solicitud de restitución en virtud del Convenio de La Haya de 1980. La madre presentó evidencia de maltrato físico y emocional grave durante un período de dos años. El Lord Ordinary (juez de primera instancia) se abstuvo de pronunciarse y pospuso la segunda audiencia para obtener más pruebas de ambas partes sobre el consentimiento y la necesidad de medidas de protección.

En febrero de 2023, el juez de primera instancia ordenó la restitución de los niños, sujeta a la confirmación de que el padre había retirado la solicitud de desacato contra la madre. Aunque existía evidencia de mensajes del padre que podían ser considerados como acoso hacia la madre, el juez de primera instancia no consideró que esto constituyera un grave riesgo de daño para los niños y esto era un asunto que debía considerar el tribunal de Illinois al determinar el interés superior de los niños. El juez de primera instancia aceptó que existía una clara necesidad de medidas de protección y concluyó que había suficientes recursos legales disponibles en los tribunales de Illinois.

El Tribunal Superior de Justicia en lo Civil de Escocia (Court of Session) admitió el recurso y dictó una resolución denegando la restitución de los niños. El Tribunal resolvió que la restitución de los niños supondría un grave riesgo de daño en virtud del artículo 13(1)(b), y dado que era improbable que el padre cumpliera las medidas de protección impuestas por los tribunales de Illinois, no podía mitigarse el grave riesgo de daño físico, psicológico y económico para los niños.

Cuestiones relativas a la restitución

El Tribunal Superior de Justicia determinó que el juez de primera instancia se equivocó al analizar únicamente las medidas disponibles y no considerar si estas medidas serían eficaces, ya que el padre no parecía apreciar el impacto de su comportamiento, ni había indicado voluntad alguna de ajustar sus acciones en respuesta a la incoación de un procedimiento judicial. La existencia de recursos legales en Illinois no se discutió; la cuestión era más bien si la madre podía acceder a representación legal allí y si el padre cumpliría. En cuanto a lo primero, el Tribunal Superior de Justicia discrepó del juez de primera instancia, ya que el tribunal consideró que la madre se enfrentaría a consecuencias potencialmente devastadoras por no contar con representación legal; en cuanto a lo segundo, el Tribunal Superior de Justicia consideró que existía un riesgo sustancial de incumplimiento.

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

El Tribunal Superior de Justicia utilizó un enfoque por etapas para determinar si existía un grave riesgo. En primer lugar, el tribunal se preguntó si, en caso de que las alegaciones controvertidas fueran ciertas, existiría un riesgo grave de que los niños se vieran expuestos a daños físicos o psicológicos o de que se encontraran en una situación intolerable. Si llegara a la conclusión de que existiría tal grave riesgo, el tribunal debe preguntarse cómo se puede proteger al niño contra ese riesgo.

En este caso, los riesgos identificados en las alegaciones de lesiones físicas y agresión sexual fueron corroborados por un gran volumen de mensajes de texto. Para restituir a los niños, sería necesario determinar que, teniendo en cuenta el grave riesgo, existen medidas suficientes para proteger a los niños; sin embargo, la falta de voluntad demostrada por el padre para cumplir cualquiera de dichas órdenes indica que la restitución no podría realizarse de forma que se proteja a los niños de un grave riesgo.