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Shortly after the birth of the child in Switzerland, the unmarried parents moved to Spain, where they lived in a shared household for several years. In 2011, the parents separated and had alternating custody. At the end of January / beginning of February 2016, the mother moved with the child to Switzerland without the father's knowledge. In pending custody proceedings in Spain, the father was granted full custody.

In an application dated 23 March 2016, the father applied to the Cantonal Court of Lucerne for the return of the child to Spain. The Cantonal Court, in its decision of 23 June 2016, ordered the return. The appeal filed by the mother was dismissed by the Federal Supreme Court in its decision of 12 August 2016.

After the ordered handover on 20 August 2016 had failed, the father applied to the Cantonal Court to execute the return immediately. On 5 September 2016, the mother applied for the application to be dismissed because of the opposition of the child. On 21 September 2016, the Cantonal Court ordered an expert opinion on the will, the formation of the will over time and the maturity of the child, which was issued on 5 December 2016. In addition, the Cantonal Court, by decree of 16 December 2016, established accompanied visitation contacts between father and son. On 6 February 2017 the Cantonal Court rejected the father's application for return. Following an appeal by the father, the Federal Supreme Court allowed the appeal and referred the case back to the Cantonal Court.

In its decision of 18 August 2017, the Cantonal Court again approved the mother's petition for modification, rejecting the father's petition for return. On 1 September 2017, the father again filed a complaint against this amending decision.

The Federal Supreme Court dismissed the applicant's appeal and confirmed the decision of the Cantonal Court (non-return of the child).

Procedural Matters

It was no longer controversial that the mother abducted the child from Spain and was still illegally retaining them in Switzerland. Art. 13(1) Federal Act on International Child Abduction and the Hague Conventions on the Protection of Children and Adults of 21 December 2007 requires for the amendment of the return decision that the circumstances have changed substantially. Similar to child protection measures, it must also be possible, within narrow limits, to reassess the return decision, whereby such a situation generally only arises if a certain period of time has elapsed between the decision and its execution.

Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)

From a legal point of view, the question is whether the child opposed to a return within the meaning of Article 13(2). The Hague Convention does not stipulate a specific age from which a child's opposition can be taken into account. According to the Federal Supreme Court case-law, the required maturity in the sense of Article 13(2) is reached when the child is capable of autonomous decision-making, i.e. when it is able to recognise its own situation and form its own opinion despite external influences and if it is able to understand the meaning and the problems of the forthcoming return decision; this means in particular that it must be able to recognise that it is not a question of custody regulation, but for the time being only a question of restoring the status quo ante under residence law, and that the material questions will then be decided in the state of origin. Based on the relevant literature on child psychology, Federal Supreme Court rulings assume that the aforementioned prerequisites are generally met from about eleven to twelve years. However, even the will of a somewhat younger child that has been expressed in the records cannot simply be ignored. Of course, any formation of the will is not completely detached from external influence, and certainly not in the case of smaller children. It must not, however, be based on manipulation or indoctrination. The child's opposition within the meaning of Article 13(2) must be expressed with a certain emphasis and with comprehensible reasons.

Author: Francine Hungerbühler

Poco después del nacimiento del niño en Suiza, los padres no casados se mudaron a España, donde vivieron en un mismo domicilio durante varios años. En 2011, los padres se separaron y compartieron la custodia. A finales de enero/principios de febrero de 2016, la madre se mudó con el niño a Suiza, sin que el padre estuviese al tanto. En el proceso de custodia que se encuentra en trámite en España, se concedió al padre la custodia completa.

En una solicitud con fecha del 23 de marzo de 2016, el padre solicitó al Tribunal del Cantón de Lucerna la restitución del niño a España. El Tribunal del Cantón, en su resolución del 23 de junio de 2016, ordenó la restitución. La apelación presentada por la madre fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia en su resolución del 12 de agosto de 2016.

Tras resultar fallida la entrega ordenada para el 20 de agosto de 2016, el padre solicitó al Tribunal del Cantón la inmediata restitución. El 5 de septiembre de 2016, la madre solicitó la desestimación de la solicitud a causa de la oposición por parte del niño. El 21 de septiembre de 2016, el Tribunal del Cantón ordenó un dictamen pericial sobre la voluntad, la formación de la voluntad con el tiempo y la madurez del niño, el cual fue emitido el 5 de diciembre de 2016. Además, el Tribunal del Cantón, mediante un decreto con fecha del 16 de diciembre de 2016, estableció visitas supervisadas entre padre e hijo. El 6 de febrero de 2017, el Tribunal del Cantón rechazó la solicitud de restitución presentada por el padre, quien apeló la decisión. La Corte Suprema de Justicia concedió la apelación y remitió la causa al Tribunal del Cantón.

En su resolución del 18 de agosto de 2017, el Tribunal del Cantón volvió a aprobar la petición de modificación presentada por la madre y rechazó la petición de restitución presentada por el padre. El 1 de septiembre de 2017, el padre volvió a interponer una demanda contra esta decisión relativa a la modificación.

La Corte Suprema de Justicia desestimó la apelación del solicitante y confirmó la resolución del Tribunal del Cantón (la no restitución del niño).

Cuestiones procesales

Ya no era controvertido el hecho de que la madre sustrajera al niño de España y lo retuviera ilegalmente en Suiza. El art. 13(1) de la Ley Federal sobre Sustracción Internacional de Menores y los Convenios de La Haya sobre Protección de Niños y Adultos del 21 de diciembre de 2007 exige para la modificación de la resolución de restitución que las circunstancias hayan cambiado de manera considerable. Al igual que en el caso de las medidas de protección de menores, también debe ser posible, en el marco de límites estrechos, reevaluar la resolución de restitución, por lo que tal situación generalmente solo se produce si ha transcurrido un cierto período entre la resolución y su ejecución.

Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2)

Desde un punto de vista jurídico, la cuestión es si el niño se opone a la restitución de acuerdo con el significado del artículo 13(2). El Convenio de La Haya no prevé una edad concreta a partir de la cual se pueda tener en cuenta la oposición del niño. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la madurez requerida conforme al artículo 13(2) se alcanza cuando el niño es capaz de tomar decisiones de forma autónoma, es decir, cuando es capaz de reconocer su propia situación y de formar su propia opinión, a pesar de las influencias externas, y si es capaz de comprender el significado y los problemas de una potencial resolución de restitución; esto significa, en particular, que debe ser capaz de reconocer que no se trata de una cuestión de reglamentación de la custodia, sino que, por el momento, solo se trata de restablecer el statu quo ante en virtud del derecho de residencia, y que, entonces, las cuestiones sustanciales se decidirán en el país de origen. Según algunas obras bibliográficas pertinentes sobre psicología infantil, las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia presuponen que los requisitos antes mencionados se cumplen, por lo general, a partir de entre los once y los doce años. Sin embargo, la voluntad de un niño incluso algo más joven que se haya manifestado en los registros no puede ser simplemente ignorada. Por supuesto, ninguna formación de la voluntad está desvinculada por completo de la influencia externa y, ciertamente, no en el caso de los niños más pequeños. No obstante, tampoco debe basarse en la manipulación o el adoctrinamiento. La oposición del niño de acuerdo con el artículo 13(2) debe manifestarse con cierto énfasis y con razones comprensibles.