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Aims of the Convention - Preamble, Arts 1 and 2

The Court referred to the Explanatory Report to the 1980 Hague Child Abduction Convention by Professor Perez-Vera and remarked that the Convention, as well as the Uruguayan law that regulates these proceedings, stands on the principle of the best interest of the child.
 

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The Court took into account the testimonies of the mother's witnesses and the psychological report of the mother and the children, in which the experts concluded that they had been victims of family violence when they lived in Spain. Among the witnesses, the mother's brother, who had lived with the family in Spain, reported some violent episodes that he had witnessed, as well as the father´s cocaine use and his ties to terrorist group ETA.

The Court stated that the admissibility of the grave risk exception had to be absolutely restrictive and the risk had to be evaluated with the utmost care. The Court held that not only the child's exposure to an intolerable situation if returned to the habitual residence had to be considered, but also, if the risk were to be proved, whether such risk could be prevented or avoided by mechanisms or specific protection measures in the requesting State.

The Court considered that the alleged risk of harm existed and held that, according to the evidence of the case, there was a risk that the child would be placed in an intolerable situation which represented a risk of greater harm than having to leave his habitual residence in Spain. In addition, the available protection measures in the legal system and the social network of the State of habitual residence would not have been sufficient to mitigate the risk.

The father noted that the mother had not filed a complaint of domestic violence in Spain even though she had had the possibility of doing so. The Court considered it adequate to remark on the fact that protection measures objectively offered in a community are sometimes not readily available or accessible. Thus, the Court held that the mother had not had effective access to adequate protection measures to make the complaint: she was alone in Spain because her relatives had returned to Uruguay.

Besides, even when they had been in Spain, their presence had not been sufficient to protect them because she did not allow them to intervene out of fear. In addition, the fact that they lived in a small town prevented the mother from filing a complaint against the father there. Consequently, the Court rejected the father's arguments and affirmed the non-return decision of the first instance court.

In addition, the Court considered that, according to the experts' reports, the child was settled in the new family and social environment, where he was properly taken care of. Besides, the child did not include a father figure in the activities conducted during the assessment.
 

Procedural Matters

As the child refused to give testimony in the judge's interview, his parents asked for the child and his brother to be excused from the hearing. Therefore, the Court held that the children's opinions would have to be taken from the experts' reports so as to comply with Article 19 of Law No. 18.895. The Court took into account both the 1980 Hague Child Abduction Convention and Law No. 18.895 which regulates the procedural aspects of return proceedings internally in Uruguay.

The Court evaluated the father's procedural behaviour throughout the proceedings in which he had not objected to the mother's arguments after the grave risk allegation had been raised; he only stated that she had not provided proof to back her arguments and that she had not filed the complaint in Spain. The Court also considered that the father did not offer any commitments to ensure the child's safe return to Spain or any other necessary guarantees for the family during the custody proceeding in Spain.
 

Best Interests of the Child

Author of the summary: Professor Nieve Rubaja and Antonela Rojas, Argentina

Finalidad del Convenio - Preámbulo, arts. 1 y 2

El Tribunal refiere al Informe Explicativo del Convenio de La Haya de 1980 sobre la sustracción de menores de la Profesora Pérez Vera y concluye que el interés superior del niño se yergue en la estructura del Convenio así como en la ley uruguaya que regula el procedimiento.
 

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

El Tribunal tuvo en cuenta tanto las declaraciones de los testigos propuestos por la madre de los niños, como los informes psicológicos realizados a la madre, al niño y su hermano de simple vínculo, de los cuales resultó que habían sido víctimas de violencia intrafamiliar en la época que residían en España.

Entre los testigos, el hermano de la madre ?que había vivido con el grupo familiar en España? relató episodios de violencia que había presenciado en ese país, que el padre consumía cocaína y que estaba ligado al grupo terrorista ETA. El Tribunal entendió que la admisibilidad de la excepción de grave riesgo debía ser absolutamente restrictiva y la forma en que se abordaba el riesgo debía ser exigente. Sostuvo que no se trata solamente de considerar si de retornar al Estado de su residencia habitual el niño estaría expuesto a una situación intolerable, sino de establecer, si aun acreditado el riesgo, puede éste ser conjurado por la existencia de mecanismos o medidas de protección específicas de las que disponga el Estado requirente.

El Tribunal consideró que el riesgo alegado existía y que surgía del caso que, por una parte, el riesgo o la amenaza sobre el niño era de una situación intolerable de sufrir un daño de una entidad mayor que el desarraigo de su centro habitual de vida y, por otro lado, que las medidas de protección que podían ofrecer tanto el sistema legal y las redes comunitarias o sociales no podían paliar el riesgo de los niños.

Respecto a los agravios del padre del niño en referencia a la inexistencia de denuncia de violencia doméstica en España por parte de la madre pese a tener los medios para efectuarla, el tribunal consideró adecuado hacer una distinción entre los medios de protección que objetivamente se ofrecen en casi todas las comunidades de lo que significa el acceso real y efectivo a aquéllos. Por ello, el Tribunal entendió que la madre no tuvo acceso efectivo a los medios de protección adecuados para efectuar la denuncia de violencia familiar, pues había quedado sola en España dado que los parientes que tenía allí habían retornado antes que ella.

Asimismo, la permanencia de ellos en España no había resultado suficiente para su protección y la de su hijo, ya que la madre del niño no permitió que intervinieran en su situación por temor y por las características de la localidad, lo que la motivó a no realizar la denuncia allí. En virtud de lo analizado, el tribunal rechazó los agravios del padre y confirmó la sentencia de primera instancia sobre el rechazo de la restitución.

Además, el tribunal consideró que los informes realizados también dieron a conocer que el niño se encontraba integrado al medio familiar y social actual, se lo observó cuidado, y que no incluía a la figura paterna en las actividades propuestas.
 

Cuestiones procesales

Ante la negativa del niño a declarar en el momento de la entrevista con el juez, sus padres solicitaron que se prescindiera de las declaraciones del niño y de su hermano, por lo que el Tribunal estimó que la pericia practicada en el caso a los niños fuera considerada como su opinión, para dar cumplimiento a lo previsto por el art. 19 de la Ley 18895.

El Tribunal, para resolver el caso, tuvo en cuenta tanto el Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción de menores como la Ley 18895 que regula el procedimiento de restitución a nivel interno en el Ugruguay. El Tribunal evaluó la conducta procesal del padre ya que luego de que se opusiera la excepción de grave riesgo no había controvertido las afirmaciones de la madre, habiéndose limitado a establecer que ella no había probado sus dichos y que nunca había realizado la denuncia en España. También se consideró que el padre no había ofrecido los medios para el pretenso retorno del niño a España ni las garantías necesarias para la familia durante la dilucidación en aquél país de la cuestión de fondo.

Interés superior del niño

La jueza sostuvo que la Ley N°18.895 ­–que regula el procedimiento para la restitución internacional de niños– consagra en su art. 3 como principio rector el interés superior del niño, considerándose a tales efectos el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el juez del Estado de su residencia habitual la decisión sobre la guarda o custodia. Entendió, asimismo, que el Convenio HCCH de 1980 contempla en los arts. 12, 13 y 20 los fundamentos a tener en cuenta al momento de determinar si se hace lugar o no a la restitución internacional a fin de salvaguardar el interés superior del niño. En este sentido, aseveró que los apartados 13 b) y el inciso 2 de dicho artículo consagran excepciones que claramente se basan en el interés superior del niño a no ser desplazados de su residencia habitual, y que cede en estos supuestos ante el interés primario de cualquier persona a no ser expuesta a un peligro físico o psíquico, o colocada en una situación intolerable. 

Autores del resumen: Profesora Nieve Rubaja y Antonela Rojas, Argentina